LAS MEDIDAS ECONÓMICAS EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

El Presidente Rafael Correa lleva 2 años y medio en el cargo, un periodo caracterizado por continuos procesos electorales que derivaron en una nueva Constitución Política y en el establecimiento de una Asamblea Nacional formada mayoritariamente por militantes de PAIS, el partido oficialista, quienes se han encargado de aprobar las leyes enviadas por el ejecutivo. En la última campaña política los ciudadanos ratificaron al economista Correa como primer mandatario, quien luego de la victoria aseguró radicalizar su proyecto socialista. Es válido en este punto analizar qué es lo que nos ha dejado este periodo en el ámbito económico, y discernir basados en la tendencia, lo que nos depararán los próximos 4 años.

Este primer periodo se caracterizó además por ser fuente de altos ingresos para el Estado. En el 2007 se incorporaron al presupuesto 1.300 millones de dólares, correspondientes a los fondos petroleros y 2.500 millones se obtuvieron entre 2007 y 2008 como ingreso extraordinario por el incremento en el precio del petróleo. En total, el Gobierno Central (sin considerar los organismos autónomos y las empresas públicas) tuvo recursos por aproximadamente 24,400 millones hasta marzo de 2009, esto es alrededor del 50% del PIB, ingresos por encima de lo obtenido por cualquier otro gobierno en la historia del Ecuador.

Este panorama favorable para el Presidente y su buró político, podría hacernos presumir que nos encontramos transitando por una senda de bienestar y desarrollo. Este gobierno ha tenido todas las herramientas para llevar a cabo su ambicioso proyecto político. No obstante y a pesar de aquello, los resultados en materia económica dejan ver una realidad muy distinta.

Es cierto que en los últimos meses algunos empresarios ecuatorianos han sufrido los embates de una crisis internacional, lo que ha incidido negativamente en el volumen de las exportaciones y ha reducido los montos de las remesas que envían los emigrantes ecuatorianos a sus familiares, traduciéndose en menor producción y mayor desempleo. Sin embargo, el bajo desempeño de la economía ecuatoriana es consecuencia, en gran medida, de las malas políticas adoptadas por el gobierno, las cuales lejos de contrarrestar los efectos de la crisis, han logrado que esta se profundice.

El Fondo Monetario Internacional en su informe World Economic Outlook estima que la economía ecuatoriana decrecerá 2% este 2009; constituyéndose en uno de los países con más bajo desempeño, solo superado por Venezuela y México (ver cuadro). Es importante hacer notar que países como Perú que se ven igualmente afectados por la crisis internacional, tendrán crecimiento positivo este año.

Eliminación de la Tercerización Laboral

Debemos tener claro, que un proceso recesivo como el que vive el mundo actualmente, obliga a los países a introducir políticas de flexibilización, de tal manera que las empresas y las familias se adapten a las circunstancias y puedan afrontar de mejor manera sus efectos. Lo contrario ha sucedido en el país, pues con la promulgación del Mandato 8, lamentablemente se eliminó la tercerización laboral y el trabajo por horas, haciendo más difícil la contratación de trabajadores.

Esta medida en la práctica dificultó la adaptación de las empresas a la crisis y ahondó el problema del desempleo al expulsar del sector formal de la economía a miles de trabajadores. El siguiente cuadro muestra el deterioro considerable que ha sufrido el empleo. Observamos cómo hay un incremento de casi 2 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2008 y el mismo trimestre del 2009.

Impuesto a la Salida de Divisas

Otro grave error en materia de políticas públicas es establecer un impuesto a la salida de capitales. Originalmente se lo estableció en medio punto porcentual y en la actualidad su tasa es del 1% (Se encuentra en estudio su elevación al 2%). Lejos de cumplir con el objetivo del régimen de evitar la salida de dólares de la economía, este impuesto se ha consolidado como una gran barrera a la entrada de capitales.

Parece que no se han dado cuenta de que en este mundo globalizado hay una franca competencia entre países por captar capitales para inversión, brindando exenciones tributarias, garantías a la propiedad privada y a los contratos, etc. De tal manera que si le decimos a un inversionista internacional, que cada vez que él decida retirar las utilidades que genera su empresa o parte de los recursos que ha invertido deberá pagar un impuesto, éste simplemente se abstendrá de venir al país y colocará su dinero en naciones que brinden mejores condiciones.

Asimismo vale recalcar que en una economía como la nuestra, los capitales se irán a pesar de que se deba pagar el 1%, 2% o el 50%, pues si las condiciones son adversas, el empresario preferirá perder parte de sus recursos y no la totalidad de ellos. Por otro lado, las trasferencias que hacen los importadores a sus proveedores en el extranjero están siendo gravadas por este impuesto, lo que encarece los productos perjudicando a los importadores y por ende a los consumidores, quienes deberán pagar un mayor precio por los mismos productos.

Trabas al Libre Comercio

A principios de año el Gobierno implementó una serie de medidas o restricciones a las importaciones, como forma de combatir el problema de la Balanza Comercial no petrolera que es negativa. El objetivo según explican es disminuir las importaciones, incentivando la producción local, al tiempo que se ayuda a la preservación de la dolarización.

Para empezar, la idea de la Balanza Comercial favorable es un criterio introducido hace mucho por el mercantilismo. Según esta teoría, el país gana cuando las exportaciones exceden a las importaciones. Esta concepción equivocada del comercio no considera que las exportaciones son el precio que pagamos por las importaciones; en virtud de esto, una nación realmente ganará cuando pueda importar la mayor cantidad de bienes y servicios sin tener que exportar mucho a cambio de ellos. Haciendo un símil con la economía familiar, las personas ganarán más cuando puedan comprar la mayor cantidad de productos a cambio de un menor número de horas de trabajo o esfuerzo.

La iniciativa de promover la producción local es muy loable, no dudo de la buena intención de las autoridades, sin embargo cuando el país no brinda las condiciones mínimas necesarias para que la iniciativa empresarial opere y encima se sufre un proceso recesivo a nivel mundial, las inversiones inevitablemente se detendrán y el aumento productivo no se dará.

Al cabo de algunos meses de implementada la medida, los resultados en cuanto a progreso económico no son alentadores: los ciudadanos deben pagar mucho más por los mismos productos, la sustitución de importaciones no ha arrancado aún y se demuestra porque estas no han disminuido (El volumen de importaciones se incrementó en 8,16% de enero a mayo de 2008 al mismo periodo en el 2009).

Conclusiones y Recomendaciones

Los momentos de crisis, si los sabemos capitalizar, pueden generar oportunidades. En el caso de Ecuador pueden servir para la introducción de reformas en políticas públicas que generen crecimiento económico y bienestar. La historia y la experiencia empírica nos demuestran que para afrontar de mejor manera los avatares, es necesario tener flexibilidad, lo que implica una legislación laboral menos rígida y mercados desregulados. En esa misma línea muchos países reducen la carga de impuestos, abren sus mercados al comercio mundial y a la inversión extranjera y fortalecen sus sistemas financieros como fuente canalizadora de recursos para procesos productivos.

Sin embargo, el camino elegido por los actuales gobernantes gira en el sentido contrario. Mayores regulaciones a la actividad empresarial, mayor carga impositiva, trabas al libre comercio y un sistema financiero altamente intervenido y debilitado, han sido la tónica de actual régimen. Una receta ideológica que no es nueva, que ya ha sido implementada aquí años atrás y en muchos otros lugares alrededor del mundo. El resultado ha sido el mismo en todo lugar y tiempo: mayor miseria y descontento.

Los escasos logros en materia de inversión social se ven empañados con el bajo desempeño en el ámbito económico. Si no hay rectificaciones por parte del Presidente y su equipo, tendremos otra década perdida y ese es un lujo que no podemos ni debemos darnos.

* El autor es Analista e Investigador Asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y catedrático universitario.

Artículo publicado originalmente en la edición de agosto de 2009 de la Revista Industrías.

EL MERCADO NO HA FALLADO

Roberto Villacreses León*

Hace pocos días algunos de mis alumnos de la cátedra de Economía Política, conociendo que mí corriente de pensamiento es la escuela austriaca de economía y por lo tanto que soy un defensor de la economía de mercado, al llegar a clases me comenzaron a preguntar ¿Cuál era la lectura que hacia de los últimos sucesos en el sistema financiero de EE.UU.? ¿Por qué el capitalismo había fallado? y si ¿Estamos llegando a su ocaso?.

Escribo estas líneas pensando en ellos y en todas aquellas personas que en mayor o menor grado han sido influenciadas por una campaña calumniosa en contra de los principios de la economía de mercado.

Al contrario de lo que muchos pudieran creer, el sistema financiero de EE.UU. dista mucho de ser esencialmente libre, y los resultados nefastos de los ultimas semanas no son más que consecuencia de la alta intervención del Estado en asuntos tan complejos como el manejo de la economía. Describo a continuación los sucesos previos a la crisis.

A comienzos de esta década, debido a la crisis desatada por la burbuja especulativa de las empresas puntocom, las autoridades monetarias de la Reserva Federal (FED) intervinieron en la economía reduciendo las tasas de interés a niveles históricos del 1%. La propuesta era inyectar “dinero barato” para de esta manera estimular al aparato productivo. Luego observamos una segunda intervención cuando el FED autoriza a las instituciones de crédito a privatizar sus beneficios y a socializar sus pérdidas, es decir si a ellos les iba bien recibirían jugosas ganancias y si las cosas no funcionaban existía un organismo –el FED- que los ayudaría en caso de iliquidez.

Aprovechando esta oportunidad las instituciones financieras tomaron todo el dinero que podían del FED y lo prestaron a tasas cercanas al 5%. Esto provocó una rápida expansión del crédito sobre todo en el sector hipotecario y se inicio así una nueva burbuja especulativa. El negocio era redondo: tomar dinero al 1% y prestarlo al 5%, esto estuvo bien durante unos años. Lamentablemente la felicidad no duró mucho, pues vinieron los años de gran prosperidad económica, de 2003 a 2006, y el FED normalizó las tasas de interés, ubicándolas por encima de 5%.

Esto significó que quienes se endeudaron debían pagar ahora mucho más en intereses que antes. Como consecuencia, muchos no pudieron pagar sus créditos, la morosidad aumentó y a centenares de personas les fueron embargadas sus propiedades, los bancos ya no tenían modo de sacar dinero barato del FED, y las pérdidas alcanzaron a las instituciones financieras.

Al poco tiempo el mercado inmobiliario de Estados Unidos estaba abarrotado de propiedades embargadas, que estaban siendo rematadas por debajo de su precio natural. Lo que significó que quienes lograban vender recibían menos dinero del que pagaron. Además, se tarda mucho en cerrar los tratos, debido a la cantidad de ofertas disponibles. El problema se transformó en crisis.

Analizando estos sucesos se viene a mi mente la lección que nos dejó Henry Hazlitt en su famoso libro Economics in one Lesson: “Existe la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo en particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo no sólo sobre el sector aludido, sino sobre toda la colectividad”.

Seguramente las autoridades del FED de buena fe quisieron intervenir en la economía para generar riqueza y prosperidad, pero pasaron por alto las enseñanzas de Hazlitt. No se puede jugar con algo tan complejo como es el mercado sin esperar consecuencias.

El mercado no ha fallado, el intervencionismo si.

* El autor es Research Fellow del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y catedrático de la Universidad Casa Grande.

ECUADOR: LA PROPIEDAD PRIVADA EN PELIGRO Y CON ELLA NUESTRO FUTURO

Roberto Villacreses León*

Cuando leí los artículos propuestos por la mayoría de la mesa 6 sobre la propiedad y la función “social” que debe cumplir, vino a mi mente la similitud de nuestro proceso constituyente con lo acontecido hace algunos meses en Bolivia. Ellos están avanzados en este tema y el gobierno del Presidente Evo Morales ya habla de eliminación del capitalismo –léase economía de mercado-, y según su ideología a dado pasos firmes en la nacionalización de parte de la economía. "Hemos empezado con hidrocarburos, el próximo paso son los minerales, habrá sorpresas con el estaño, la plata y el oro, esos minerales tienen que pasar al Estado bajo el control social del pueblo boliviano”, según dijo su mandatario en una entrevista.

En el caso de Ecuador, el texto propuesto por la mayoría gobiernista garantiza la propiedad siempre y cuando cumpla una función “social” y ambiental, y se consolidaría en una herramienta vital para la eliminación de la propiedad privada –característica del sistema de mercado- para dar paso al proyecto de nacionalización y socialización de la economía.

En el texto propuesto por PAIS se reconoce 7 tipos de propiedad: La comunitaria, estatal, social, cooperativista, mixta, pública y privada. Algunos son términos muy ambiguos de reconocer la propiedad –la comunitaria y cooperativista son propiedad privada, la social no esta definida-, lo que deja la puerta abierta para irrespetarla, transgrediendo así los derechos individuales y poniéndolos al servicio de la tiranía de las mayorías. La Constitución debe ser el conjunto de normas que faciliten el convivir, donde se respete y garantice la propiedad bien habida, pues la ambigüedad en su definición generaría incertidumbre y provocaría conflictos futuros.

El texto además consolida las expropiaciones a discrecionalidad de los gobernantes de turno. El artículo propuesto dice: “Para fines de bienestar colectivo e interés social, las instituciones del Estado puede declarar de utilidad pública y expropiar los bienes que pertenezcan al sector privado y los particulares, previa justa valoración”. Este artículo serviría también como forma de retaliación política.

Bajo este escenario existe un peligro latente para la propiedad privada y ya algunos expertos han aclarado la importancia de garantizarla incondicionalmente, pues de eso depende el progreso y bienestar de la sociedad, yo en cambio en este artículo quiero poner énfasis en los peligros futuros que conlleva tener una propiedad socializada o que esté a la discrecionalidad de alguna autoridad iluminada. Para ello quiero evocar un ensayo escrito por Garret Hardin llamado “La Tragedia de los Comunes”.

La idea esencial de esta metáfora de Hardin consiste en que los recursos poseídos comunalmente –y yo añadiría además los poseídos estatalmente-, como los océanos, los ríos, el aire, los parques nacionales, las empresas públicas, etc., están sujetos a una degradación masiva. Hardin pone un sencillo ejemplo para reforzar su posición. Imagine un pastizal compartido por todos los pastores de una comunidad, donde ellos en forma igualitaria asumen el costo de su mantenimiento. En este caso se espera que cada uno lleve la cantidad de ovejas que sean posibles de tal forma que no se sobrepase la capacidad y todos se beneficien del campo, pero este tipo de acuerdos funciona por un tiempo. El problema surge cuando un pastor decide –dada la naturaleza humana- consciente o inconscientemente llevar ovejas adicionales al pastizal, pues sabe que ello no constituirá riesgo de sobreexplotación y el beneficio adicional que obtendrá lo asumirá el resto de la comunidad, pero como todos piensan igual por el mismo interés de maximizar los beneficios, se termina generando una tragedia. Es decir este sistema comunal impulsa al hombre a incrementar su ganado ilimitadamente, en un campo con recursos limitados. Podemos resumir este hecho con una frase “lo que es de todos al final no es de nadie”.

Lo mismo sucede con las empresas de propiedad estatal, donde los criterios de administración son contrarios al de una empresa privada. Los administradores privados tratan de minimizar los costos de producción para mejorar sus utilidades, en cambio las empresas públicas dado que están expuestas al control político –por lo tanto a incentivos diferentes-, tratan de maximizar los costos o los presupuestos anuales. Por otro lado en las privadas al manejar recursos propios tratan de emplear eficientemente cada centavo, en cambio en las públicas al manejar recursos de terceros no están motivados a emplearlos correctamente, y al contrario muchas veces los administradores están tentados a negociar compras improductivas a altos precios para beneficiar a empresas familiares, de amigos o de toda aquella que los hagan participes de las ganancias.

Las propiedades comunitarias, estatales, sociales, cooperativistas y públicas serán reconocidas, respaldadas y promovidas por el régimen, en tanto que la privada esta en peligro. Las primeras como explicó Hardin están sujetas a la degradación y su administración –dado los incentivos perversos que las acompañan- tiende a volverse ineficiente, la última promueve el uso correcto de los recursos, bienestar y disminución pobreza. ¿A cuál usted respaldaría con su voto en el referéndum aprobatorio?.

* El autor es Investigador Asociado al IEEP y conductor del Programa Radial Contrapunto Liberal.