La difícil tarea de una política tributaria es aumentar los ingresos del fisco para financiar las funciones básicas del gobierno en forma tal que cause el menor daño posible a la libertad económica. Esto significa, diseñar un sistema tributario que preserve los incentivos individuales para trabajar, que no obstaculice la actividad productiva para que los ciudadanos puedan esforzarse y recabar los frutos de sus esfuerzos, ahorrar, invertir, crear nuevas fuentes de actividad empresarial, que descubran oportunidades en los mercados en un ambiente de seguridad jurídica y protección de los derechos individuales. Los altos impuestos extraen una gran porción de los ingresos de los individuos y las empresas, quitan el incentivo para trabajar y reducen los recursos que se destinan a la producción.
Al aumentar las tasas marginales de impuestos (esto es, la proporción del ingreso adicional que es absorbida por los impuestos a cualquier nivel dado de ingresos), se reduce la porción de ingresos adicionales que los individuos pueden retener para satisfacer sus necesidades; de igual forma, las empresas reducen sus ingresos con los que podrían introducir mejoras tecnológicas, ampliar sus negocios y crear más fuentes de trabajo. Se ha dicho que el aumento de los impuestos conduce a mejores servicios gubernamentales y sociales. Nuestra experiencia al respecto es, por decir lo menos, dudosa.
El Estado ecuatoriano depende principalmente de los impuestos, además del petróleo y el endeudamiento para financiar sus gastos y proveer los bienes y servicios que las autoridades deciden que son necesarios. El Gobierno ya no puede manipular la moneda que conducía al impuesto de la inflación para financiar el gasto público, gracias a la dolarización de la economía. Obviamente la estabilidad monetaria creada por la dolarización, no les gusta a los políticos porque se le ha quitado el poder que tenían sobre la moneda.
La carga tributaria, en 2006, para financiar el gasto del gobierno representó el 24,9% del Producto Interno Bruto, que incluyen los ingresos de los cuatro impuestos principales: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Aranceles e Impuestos a los Consumos Especiales.Según datos del SRI en 2006 estos impuestos significaron 57,15 % del total de los ingresos del gobierno central. A esto debemos agregar el Impuesto a la Seguridad Social equivalente al 21,5%.
Es difícil cuantificar por falta de información pública, otras obligaciones tributarias de los ciudadanos tales como los impuestos de las entidades seccionales, planillas por servicios como la recolección de basura, agua potable, educación, deporte..., pero es importante reflexionar sobre la carga tributaria total que soportan los ecuatorianos, la cual hace rato ha llegado a niveles excesivos.
Una carga importante para los empresarios es la obligación de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores de la empresa por disposición de la Ley. Este desembolso no diferencia entre trabajadores productivos y aquellos que no lo son.
Organismos internacionales como la OIT, el BID, el FMI y otros han sugerido introducir mecanismos legales y contractuales para el pago por rendimiento y productividad, pues la gente se ha acostumbrado al pago de un sueldo mensual fijo, desvinculado de la eficiencia laboral. Es preferible considerar la posibilidad de cambiar el 15% a las utilidades por un “bono de eficiencia” para incentivar al trabajador a que se capacite y mejore su desempeño. Otra alternativa es que el empleador pueda utilizar el 15% de utilidades de los trabajadores como crédito tributario. En realidad, el 15% de utilidades para los trabajadores le quita competitividad a las empresas, lo cual sumado a las otras cargas impositivas conducen a la evasión y la informalidad para sobrevivir.
El presidente Rafael Correa, en una entrevista con la Revista Industrias (edición de septiembre de 2006), durante la primera vuelta electoral, indicó que “habrá que revisar esa participación de los trabajadores porque es la mas alta de América Latina”.
En su página web www.rafaelcorrea.com amplía el comentario y anota que crea graves distorsiones en la fuerza laboral. “Se calcula que solo el 3% de la fuerza laboral recibe reparto de utilidades”. De ahí que proponga: “debemos ir a un sistema más justo, por ejemplo 5% de reparto de utilidades a trabajadores, pero que ninguna empresa pueda declarar utilidades hasta que no se haya logrado un ingreso justo”.
En adición al costo que implican la carga impositiva para los ciudadanos (y la obligación de repartir utilidades es una carga adicional para los empresarios) hay que agregar el costo de los recursos utilizados en recolectar los impuestos y cumplir con la legislación impositiva. Los recursos utilizados para estos propósitos ya no estarán disponibles para la producción de otras cosas ni en el sector privado o público.
Algunos de estos costos en Ecuador se señalan en un estudio realizado por Franklin López (Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Noviembre 2001) y son:
- Todo contribuyente especial tiene que tener una computadora y conexión permanente a Internet. La información tributaria tiene que entregarse al SRI en un disquete, si no lo hace se lo multa. El sistema de contabilidad debe ser compatible con el SRI, es decir con el gobierno, que no toma en cuenta la diversidad de los tipos de negocios.
- Los requisitos de facturación son costos tangibles. El SRI autoriza un número determinado de facturas y el período de validez de las mismas. Las que no se usaron se botan a la basura previa autorización del SRI.
- La comprobación de la facturación requiere contratar personal para que se “especialice” haciendo estas tareas. Como se cambia el Código Tributario con frecuencia se requiere invertir en capacitación.
Hay que agregar los costos tangibles de cumplir con las obligaciones impositivas tales como el tiempo que emplea el personal de la institución en idas y venidas al SRI para recabar información y realizar los trámites, los impuestos retenidos deben declararse mensualmente so pena de multas; el contribuyente de provincias debe viajar a la ciudad más cercana para cumplir su obligación porque no se acepta por correo. También debe añadirse el costo de las coimas que los interesados entregan a los funcionarios públicos para acelerar los procedimientos.
Los que promueven un sistema tributario semejante a algunos países europeos, que tienen altas tasas impositivas, olvidan lo que dijo Milton Friedman, Premio Nóbel de Economía, quien señaló que las naciones pobres deberían “copiar lo que hicieron los países ricos para hacerse ricos, y no lo que hacen cuando ya son ricos”.
Si los países industrializados como Estados Unidos y los de la Unión Europea cuentan con sistemas tributarios con un alto grado de confiscación se da porque sus economías pueden soportar tal nivel de gasto del gobierno.
Además, sus instituciones básicas son fuertes tales como un sistema jurídico independiente que garantiza la propiedad privada y los derechos individuales, estabilidad monetaria y estabilidad política. Mientras que en Ecuador y otros países de la América Latina, a diferencia de las naciones industrializadas el estado de derecho y la propiedad privada son débiles.
La pesada carga de impuestos ha pasado la factura a las economías desarrolladas. El crecimiento económico de los países europeos se encuentra prácticamente estancado. Sin embargo, algunos países europeos se han dado cuenta de esta realidad y han tenido que bajar su carga impositiva con el fin de reactivar sus economías. Entre 1996 y el 2003 Bélgica, Dinamarca, Grecia. Islandia, Italia, Luxemburgo, España. Portugal y Alemania han reducido los impuestos.
Organismos internacionales dicen que en Ecuador la carga tributaria es baja. Pero en sus cálculos no se toman en cuenta los impuestos al salario como los de Seguridad Social o el reparto de utilidades. Tampoco se incluyen tributos ocultos como el impuesto inflacionario.
Quienes promueven el aumento de la carga tributaria en la América Latina cometen dos presunciones equivocadas, según Juan Carlos Hidalgo: 1) que el gasto estatal es más eficiente que el privado en satisfacer las necesidades de los individuos, y 2) que los ingresos fiscales se estancaran aun si la economía continúa creciendo.
Sobre el primer punto, es muy difícil que el gasto del gobierno sea más eficiente que el privado debido a la dispersión del conocimiento a que hiciera referencia F. A. Hayek, otro Premio Nóbel de Economía, “la gente sabe mejor como gastar su dinero que un político distante”. Además porque los incentivos son diversos “una persona buscará el mayor retorno de su dinero, mientras que un político o burócrata gastará el dinero ajeno de acuerdo a sus intereses políticos o sectoriales”.
En cuanto a la segunda presunción, si el nivel de consumo de un gobierno permanece constante en el tiempo y la economía crece durante ese lapso, los ingresos fiscales aumentarán de igual forma. Por tanto, la mejor manera de aumentar los ingresos del gobierno es mediante el crecimiento económico, y no mediante más impuestos.
El breve análisis realizado sobre la carga tributaria que es muy elevada para la sociedad ecuatoriana sugiere la necesidad de reducirla, así como eliminar las excesivas regulaciones, para incentivar el crecimiento económico del país. Los impuestos distorsionan los incentivos. Se establece una brecha entre lo que los compradores pagan (pagan más) y lo que los vendedores reciben (reciben menos) de lo que el comprador paga. La consecuencia de esto es que algunos intercambios que hubieran sido mutuamente convenientes se tornan desventajosos, y por tanto no se realizan debido a la distorsión de los precios ocasionados por los impuestos. Además las altas tasas impositivas que sirven para aumentar el presupuesto del gobierno contribuyen a incrementar el desempleo que es uno de los principales problemas económicos que tiene Ecuador.
Como indica Andrés Mejía Vernaug, refiriéndose a Colombia, “Una carga impositiva demasiada elevada se convierte en un tremendo obstáculo para la lucha contra la pobreza, pues dificulta el desarrollo de las actividades privadas, y en realidad ningún país ha salido de la pobreza mediante políticas redistributivas basadas en un alto nivel de impuestos” (www.libertadyprogreso.net).
El pago de las utilidades en Latinoamérica
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en algunos países de América Latina tiene diversas modalidades y porcentajes. En Perú las empresas pesqueras, industriales y de telecomunicaciones pagan 10%, las mineras y comerciales el 8% y el resto de otros sectores de la economía, el 5%. En México se reparte el 10% de las utilidades a los trabajadores, de los cuales el 50% se distribuye en montos iguales para cada trabajador y el restante 50% según el sueldo que se perciba. En Chile se fija una alternativa que establece un máximo de 30% ó 4,75 salarios mínimos por trabajador. En Brasil la legislación establece una participación en las ganancias ó sobre la base de resultados.
El mito de la baja carga tributaria
En Ecuador la carga tributaria excede el 50% de los ingresos de los individuos y las empresas, por tanto es un mito decir que en Ecuador la carga tributaria es baja, como señalan organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo al referirse a la carga tributaria de la América Latina. Estos se basan en estimar la carga tributaria, que son los ingresos fiscales del gobierno como porcentaje del PIB. Sin embargo este indicador se presta para engaño, como lo afirma Juan Carlos Hidalgo (www.elcato.org/node/286), ya que es manipulado por dos elementos. Por un lado, no se incluyen tributos ocultos como el impuesto inflacionario, y usualmente tampoco se toman en cuenta los impuestos al salario como los de Seguridad Social o el reparto de utilidades. Por otra parte, el componente del PIB es inflado por los gastos del gobierno, sin importar si se trata de inversiones, gasto corrupto o despilfarrador.
En un estudio de las economías de la OCDE y 60 naciones alrededor del mundo, James Gwartney, Randal Holcombe y Robert Lawson, encontraron que “el nivel de gasto del gobierno que maximiza el crecimiento económico no es mayor que un 15% del PIB”, y “cuando el ámbito del gobierno se expande más allá de ese nivel, hay un impacto negativo en la riqueza de las naciones”.
En Ecuador, el real gasto público es más del 50% del PIB, razón que explica porque no podemos crear la riqueza que necesita nuestro país para mejorar el bienestar de sus ciudadanos.
- Publicado en la edición de abril del 2007 de la Revista Industrías.
