EL MERCADO NO HA FALLADO

Roberto Villacreses León*

Hace pocos días algunos de mis alumnos de la cátedra de Economía Política, conociendo que mí corriente de pensamiento es la escuela austriaca de economía y por lo tanto que soy un defensor de la economía de mercado, al llegar a clases me comenzaron a preguntar ¿Cuál era la lectura que hacia de los últimos sucesos en el sistema financiero de EE.UU.? ¿Por qué el capitalismo había fallado? y si ¿Estamos llegando a su ocaso?.

Escribo estas líneas pensando en ellos y en todas aquellas personas que en mayor o menor grado han sido influenciadas por una campaña calumniosa en contra de los principios de la economía de mercado.

Al contrario de lo que muchos pudieran creer, el sistema financiero de EE.UU. dista mucho de ser esencialmente libre, y los resultados nefastos de los ultimas semanas no son más que consecuencia de la alta intervención del Estado en asuntos tan complejos como el manejo de la economía. Describo a continuación los sucesos previos a la crisis.

A comienzos de esta década, debido a la crisis desatada por la burbuja especulativa de las empresas puntocom, las autoridades monetarias de la Reserva Federal (FED) intervinieron en la economía reduciendo las tasas de interés a niveles históricos del 1%. La propuesta era inyectar “dinero barato” para de esta manera estimular al aparato productivo. Luego observamos una segunda intervención cuando el FED autoriza a las instituciones de crédito a privatizar sus beneficios y a socializar sus pérdidas, es decir si a ellos les iba bien recibirían jugosas ganancias y si las cosas no funcionaban existía un organismo –el FED- que los ayudaría en caso de iliquidez.

Aprovechando esta oportunidad las instituciones financieras tomaron todo el dinero que podían del FED y lo prestaron a tasas cercanas al 5%. Esto provocó una rápida expansión del crédito sobre todo en el sector hipotecario y se inicio así una nueva burbuja especulativa. El negocio era redondo: tomar dinero al 1% y prestarlo al 5%, esto estuvo bien durante unos años. Lamentablemente la felicidad no duró mucho, pues vinieron los años de gran prosperidad económica, de 2003 a 2006, y el FED normalizó las tasas de interés, ubicándolas por encima de 5%.

Esto significó que quienes se endeudaron debían pagar ahora mucho más en intereses que antes. Como consecuencia, muchos no pudieron pagar sus créditos, la morosidad aumentó y a centenares de personas les fueron embargadas sus propiedades, los bancos ya no tenían modo de sacar dinero barato del FED, y las pérdidas alcanzaron a las instituciones financieras.

Al poco tiempo el mercado inmobiliario de Estados Unidos estaba abarrotado de propiedades embargadas, que estaban siendo rematadas por debajo de su precio natural. Lo que significó que quienes lograban vender recibían menos dinero del que pagaron. Además, se tarda mucho en cerrar los tratos, debido a la cantidad de ofertas disponibles. El problema se transformó en crisis.

Analizando estos sucesos se viene a mi mente la lección que nos dejó Henry Hazlitt en su famoso libro Economics in one Lesson: “Existe la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo en particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo no sólo sobre el sector aludido, sino sobre toda la colectividad”.

Seguramente las autoridades del FED de buena fe quisieron intervenir en la economía para generar riqueza y prosperidad, pero pasaron por alto las enseñanzas de Hazlitt. No se puede jugar con algo tan complejo como es el mercado sin esperar consecuencias.

El mercado no ha fallado, el intervencionismo si.

* El autor es Research Fellow del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y catedrático de la Universidad Casa Grande.

ECUADOR: LA PROPIEDAD PRIVADA EN PELIGRO Y CON ELLA NUESTRO FUTURO

Roberto Villacreses León*

Cuando leí los artículos propuestos por la mayoría de la mesa 6 sobre la propiedad y la función “social” que debe cumplir, vino a mi mente la similitud de nuestro proceso constituyente con lo acontecido hace algunos meses en Bolivia. Ellos están avanzados en este tema y el gobierno del Presidente Evo Morales ya habla de eliminación del capitalismo –léase economía de mercado-, y según su ideología a dado pasos firmes en la nacionalización de parte de la economía. "Hemos empezado con hidrocarburos, el próximo paso son los minerales, habrá sorpresas con el estaño, la plata y el oro, esos minerales tienen que pasar al Estado bajo el control social del pueblo boliviano”, según dijo su mandatario en una entrevista.

En el caso de Ecuador, el texto propuesto por la mayoría gobiernista garantiza la propiedad siempre y cuando cumpla una función “social” y ambiental, y se consolidaría en una herramienta vital para la eliminación de la propiedad privada –característica del sistema de mercado- para dar paso al proyecto de nacionalización y socialización de la economía.

En el texto propuesto por PAIS se reconoce 7 tipos de propiedad: La comunitaria, estatal, social, cooperativista, mixta, pública y privada. Algunos son términos muy ambiguos de reconocer la propiedad –la comunitaria y cooperativista son propiedad privada, la social no esta definida-, lo que deja la puerta abierta para irrespetarla, transgrediendo así los derechos individuales y poniéndolos al servicio de la tiranía de las mayorías. La Constitución debe ser el conjunto de normas que faciliten el convivir, donde se respete y garantice la propiedad bien habida, pues la ambigüedad en su definición generaría incertidumbre y provocaría conflictos futuros.

El texto además consolida las expropiaciones a discrecionalidad de los gobernantes de turno. El artículo propuesto dice: “Para fines de bienestar colectivo e interés social, las instituciones del Estado puede declarar de utilidad pública y expropiar los bienes que pertenezcan al sector privado y los particulares, previa justa valoración”. Este artículo serviría también como forma de retaliación política.

Bajo este escenario existe un peligro latente para la propiedad privada y ya algunos expertos han aclarado la importancia de garantizarla incondicionalmente, pues de eso depende el progreso y bienestar de la sociedad, yo en cambio en este artículo quiero poner énfasis en los peligros futuros que conlleva tener una propiedad socializada o que esté a la discrecionalidad de alguna autoridad iluminada. Para ello quiero evocar un ensayo escrito por Garret Hardin llamado “La Tragedia de los Comunes”.

La idea esencial de esta metáfora de Hardin consiste en que los recursos poseídos comunalmente –y yo añadiría además los poseídos estatalmente-, como los océanos, los ríos, el aire, los parques nacionales, las empresas públicas, etc., están sujetos a una degradación masiva. Hardin pone un sencillo ejemplo para reforzar su posición. Imagine un pastizal compartido por todos los pastores de una comunidad, donde ellos en forma igualitaria asumen el costo de su mantenimiento. En este caso se espera que cada uno lleve la cantidad de ovejas que sean posibles de tal forma que no se sobrepase la capacidad y todos se beneficien del campo, pero este tipo de acuerdos funciona por un tiempo. El problema surge cuando un pastor decide –dada la naturaleza humana- consciente o inconscientemente llevar ovejas adicionales al pastizal, pues sabe que ello no constituirá riesgo de sobreexplotación y el beneficio adicional que obtendrá lo asumirá el resto de la comunidad, pero como todos piensan igual por el mismo interés de maximizar los beneficios, se termina generando una tragedia. Es decir este sistema comunal impulsa al hombre a incrementar su ganado ilimitadamente, en un campo con recursos limitados. Podemos resumir este hecho con una frase “lo que es de todos al final no es de nadie”.

Lo mismo sucede con las empresas de propiedad estatal, donde los criterios de administración son contrarios al de una empresa privada. Los administradores privados tratan de minimizar los costos de producción para mejorar sus utilidades, en cambio las empresas públicas dado que están expuestas al control político –por lo tanto a incentivos diferentes-, tratan de maximizar los costos o los presupuestos anuales. Por otro lado en las privadas al manejar recursos propios tratan de emplear eficientemente cada centavo, en cambio en las públicas al manejar recursos de terceros no están motivados a emplearlos correctamente, y al contrario muchas veces los administradores están tentados a negociar compras improductivas a altos precios para beneficiar a empresas familiares, de amigos o de toda aquella que los hagan participes de las ganancias.

Las propiedades comunitarias, estatales, sociales, cooperativistas y públicas serán reconocidas, respaldadas y promovidas por el régimen, en tanto que la privada esta en peligro. Las primeras como explicó Hardin están sujetas a la degradación y su administración –dado los incentivos perversos que las acompañan- tiende a volverse ineficiente, la última promueve el uso correcto de los recursos, bienestar y disminución pobreza. ¿A cuál usted respaldaría con su voto en el referéndum aprobatorio?.

* El autor es Investigador Asociado al IEEP y conductor del Programa Radial Contrapunto Liberal.

LA CRISIS ALIMENTARIA

Dr. Enrique Ampuero P.*

La reciente reunión de Presidentes en Managua, Nicaragua se originó en la preocupación que existe por la denominada crisis alimentaria por la carestía de los productos de primera necesidad que comienza a afectar a la región. Este es un problema complejo que no solo puede explicarse con razonamientos políticos.

El Presidente Correa del Ecuador emitió en Managua apreciaciones sobre el problema que requiere algunos comentarios. El Presidente Correa consideró que hay que aprender que cosas tan fundamentales como que el problema de la escasez de alimentos no se lo puede dejar simplemente a “una entelequia llamada mercado”, Insistió que son las sociedades, nosotros los pueblos, los que tenemos que dominar, regular, controlar y dirigir esos mercados para alcanzar la seguridad alimentaria. Estos comentarios son las opiniones corrientes de las personas con orientación socialista que aun creen en la planificación centralmente dirigida desde el Estado para controlar el mercado.

El sistema de planificación central en detrimento del mercado fue puesto en práctica por Rusia, los países de Europa Occidental y otros en el mundo. Los resultados están registrados en la historia: escasez de alimentos, de bienes básicos y mercados negros. Esto es así porque no existía el mecanismo de los precios libres que es el mecanismo por el cual se envía señales al productor de que bienes producir, en que cantidades, en respuesta a la demanda de los consumidores. Este sistema funciona cuando se garantiza la propiedad privada. Los precios de mercado coordinan las actividades de los individuos que actúan siempre por interés personal cuando está presente la propiedad privada y el libre comercio. Los precios del mercado registran las preferencias de millones de consumidores, productores y proveedores de recursos. Los precios reflejan información sobre las preferencias de los consumidores, los costos y asuntos relacionados con los tiempos, la ubicación y las circunstancias, que están más allá de la comprensión de cualquier individuo o autoridad planificadora centralizada.

A pesar de que el Presidente Correa se ha referido a que el mercado es una entelequia no ha dado una explicación de que quiere decir con esto. Originalmente la entelequia es un concepto filosófico definido por Aristóteles que significa que es un trabajo activo hacia la consecución de un fin, intrínseco a la misma cosa. Un ejemplo ilustra este concepto, el árbol es la entelequia de la semilla, el objeto hacia el que la semilla tiende sin influencias externas de otros entes con el objetivo de realizar todas sus potencialidades. Y al mismo tiempo, la entelequia es lo que impulsa a la semilla a crecer y convertirse en un árbol. Con este antecedente, los críticos podrían interpretar el proceso de mercado como un fin que persigue el enriquecimiento de unos a expensas de otros. La riqueza que genera el proceso de mercado es una actividad egoísta, no solidaria que solo persigue sus propios intereses.

En la economía moderna, la cooperación que proviene del interés propio dirigido por “la mano invisible" es realmente sorprendente. La próxima vez que usted se siente a disfrutar de una cena, piense en todas las personas que contribuyeron a hacerlo realidad. Es muy poco probable que algunas de estas personas, desde el agricultor, el proveedor de insumos productivos y el camionero que transporta los productos al supermercado, haya estado motivada por el interés de darle a usted una buena cena al menor costo posible. Los precios del mercado, sin embargo, si armonizaron los intereses de estas personas con las suyas.

Referente a la subida de los precios de los alimentos las críticas se han referido a que las causas son de naturaleza externa. Si bien esto es cierto, también debe considerar las consecuencias de las políticas públicas en la subida de los precios de los alimentos en el país.

Los factores externos que están contribuyendo a los incrementos de precios, son en primer lugar el alto precio de la energía, que está alcanzando el precio de alrededor de $120 por barril de petróleo. Este alto precio incide en el costo de la gasolina y de derivados que afectan al consumidor. La respuesta política a este hecho –presionados por el público- es establecer un programa de producción de biocombustibles en los Estados Unidos y otros lugares. Los Estados Unidos subsidian a los agricultores que producen cultivos para energía, principalmente maíz. Una porción importante de las áreas dedicadas a soya, trigo y otros cultivos fueron reorientadas para producir etanol proveniente del maíz. Al mismo tiempo la creciente población mundial está demandando más y diferentes clases de alimentos. El rápido crecimiento económico de países como China e India ha aumentado el poder adquisitivo de la gente, generando más demanda de alimentos cambiando las preferencias por productos tradicionales a favor de alimentos de mayor valor como carne y leche. Estos cambios en la dieta de la población aumenta la demanda de granos y alimentos balanceados para la ganadería.

Los desastres naturales como los excesos de lluvias e inundaciones causan localmente una reducción en la producción de alimentos. A esto se agrega la especulación de los granos básicos a nivel mundial que ha resultado atractiva a los especuladores debido al constante aumento de los precios por algún tiempo.

A nivel nacional, el incremento de los precios de los alimentos también es el resultado de las distorsiones que se crean en el mercado por las políticas del Gobierno. La aplicación de controles de precios, subsidios y restricciones al comercio por efecto de la intervención del gobierno distorsiona el mercado. Estas distorsiones envían señales a los productores “no produzcan más”.

La baja productividad de los productos agrícolas y pecuarios es otro factor interno que se refleja en los incrementos de precios. La inversión en investigación y transferencia de tecnología en el Ecuador es muy reducida para satisfacer los diferentes estratos de productores, particularmente los agricultores pequeños que constituyen la mayoría. Existen importantes avances en el mejoramiento genético de las plantas, manejo de los cultivos y la biotecnología que el país debe aprovechar para aumentar la producción y la productividad como lo están haciendo otros países.

Es debatible la afirmación del Presidente Correa de que el problema de escasez de alimentos, de pobreza, de insuficiencia de bienes fundamentales, no es un problema técnico, no es un problema de escasez de recursos sino de sistemas perversos de mala distribución de la riqueza. El problema de la pobreza está relacionado con el bajo crecimiento económico y las políticas equivocadas que no incentivan la creación de riqueza. En la actualidad un país está en la posibilidad de continuar en la pobreza o realizar las reformas económicas que son necesarias para impulsar el crecimiento económico. Los países que actualmente tienen un alto estándar de vida escogieron un sistema económico basado en el mercado y no en la planificación estatal. Aun los países socialistas encabezados por Rusia y China han realizado reformas hacia un sistema capitalista o de economía de mercado, porque se dieron cuenta que los sistemas basados en una economía centralmente dirigida por el Estado, conduce a la pobreza.

* El Dr. Enrique Ampuero es Director de Programas del IEEP.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Enrique Ampuero Pareja*

El 3 de Diciembre de 2007, a cuatro años que expire el Protocolo de Kioto, unos 160 representantes de todo el mundo se reunieron en la Isla Balí de Indonesia para celebrar la 13ava Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la esperanza de elaborar una hoja de ruta para un acuerdo futuro a fin de poner límites a las emisiones de gas invernadero. Este acuerdo se podría firmar el 2009 y prepararía las bases definitivas para la renovación del tratado firmado en Kioto en 1991. Las regulaciones que contenga un tratado de tal naturaleza, aparte de que incrementa el poder del gobierno y consume ingentes recursos, haría daño a los pobres, obstaculizando su adaptabilidad al cambio climático, mientras se haría muy poco por prevenirlo. La ciencia que sustenta el cambio climático contiene substanciales desacuerdos sobre el rol de la humanidad y su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, poderosos grupos de interés han gastado centenares de millones de dólares tratando de convencernos que sin una urgente reducción en las emisiones de gases invernadero, el clima sería insoportablemente caluroso, sin control, con desastrosos efectos. Como resultado de estas aseveraciones se ejerce presión en los políticos para que actúen formulando políticas regulatorias y destinando inmensos recursos financieros. (Kendra Okonsky. The Economic Times. 4 de diciembre de 2007)

Uno de los problemas que contribuyen a alimentar la corriente alarmista sobre el clima, es el sesgo que dan algunas instituciones que asesoran a los gobiernos de los países desarrollados en base a supuestos estudios y opiniones de científicos. Estas regulaciones han sido justificadas por un alarmismo concerniente al impacto que podría tener en el clima altos niveles de concentraciones de gas invernadero y el fuerte impacto de la especie humana en el planeta. Durante 2006 y 2007 el clima de alarmismo aumentó dramáticamente con la diseminación del informe Stern del gobierno Británico seguido por la entrega de la cuarta evaluación del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático y por la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas en Bali, Indonesia.

Parte del problema es que dichas opiniones no toma en cuenta en forma adecuada el rol que la adaptación jugaría en el enfoque del cambio climático. No hay evidencia, en términos globales, que el clima ha causado incrementos en la mortalidad a causa de las enfermedades, sequías o desastres naturales. Por el contrario, en el siglo pasado la humanidad ha desarrollado nuevas tecnologías que han permitido la adaptación, mejorando la vida de billones de personas.

Desde 1900, la producción de alimentos y otros productos agrícolas ha superado el crecimiento de la población, y la incidencia de enfermedades infecciosas se ha reducido substancialmente. Como resultado las expectativas de vida y, en promedio, casi se ha doblado de menos 40 a cerca de 67 años. Mientras tanto, el número de gente muerta en desastres naturales ha declinado exponencialmente desde que se tienen buenos registros a partir de mediados del siglo 20.

Sin embargo, no debemos ser optimistas. Alrededor del mundo, millones de niños mueren cada año de enfermedades como el cólera, malaria e infecciones respiratorias las cuales se pueden prevenir o curar. Esta gente son victimas de los gobiernos cuyas políticas obstaculizan la creación de riqueza y niegan a la gente el acceso a tecnologías básicas que van desde agua pura y disposición de aguas servidas hasta energía moderna y medicinas. Así como la riqueza aumenta y la tecnología es adoptada por la mayoría de la población, estas enfermedades se reducirán, cualquiera que sea el cambio de clima. Además, la creación de riqueza y el crecimiento económico es obstaculizada por los excesivos impuestos, subsidios y regulaciones que impiden que los empresarios satisfagan las demandas de la población.

Los intentos de reducir dramáticamente las emisiones de gas invernadero podrían ser contraproducentes, porque desviarían los recursos de tecnologías adaptativas y el crecimiento económico. Recientes declaraciones del Sr. Yvo De Boer, Secretario Ejecutivo de la convención de la ONU sobre cambio climático, señalan que “para reducir de forma drástica las emisiones y así prevenir las peores consecuencias del calentamiento global, la inversión debe aumentar por año hasta llegar a unos $200.000 millones en el 2030”. El sector privado debería aportar cuatro quintas partes de esta suma, señaló De Boer. Un tercio de la inversión señalada sería para desarrollar energías renovables y el almacenamiento de dióxido de carbono. La postura de De Boer, sin embargo chocó contra el escepticismo de otros grupos que denuncian que la reducción de emisiones es un modo ineficaz de luchar contra el cambio climático.

El cambio climático, como un problema de discusión, se ha movido más allá de los límites de la ciencia y el medio ambientalismo. Se ha convertido en la justificación de políticas que socavan las bases de una sociedad libre. Se proponen toda clase de regulaciones, se han contemplado desde restricciones en tecnologías del consumidor (por ejemplo, focos incandescentes), hasta esquemas grandiosos globales para limitar las emisiones de gases invernadero. El resultado será serias restricciones en las libertades personales.

* El Dr. Enrique Ampuero es Director de Programas del IEEP.

¿LOS TRABAJADORES SE BENEFICIAN DEL SALARIO MÍNIMO?

Roberto Villacreses León - IEEP

El Nobel de economía, profesor Gary S. Becker, el año pasado en uno de sus viajes por Europa hizo algunas propuestas muy sensatas, como reducir las excesivas regulaciones que dificultan el emprendimiento y son un freno a la creación de empleos, reducir los impuestos simplificando a la vez su tramitología de pago y una propuesta que suena extraña y excesiva para mucha gente, pero que es un planteamiento muy acertado y reflexivo: eliminar el salario mínimo.

Cabe explicar entonces porque pensamos, al igual que el profesor Becker, que el salario mínimo es un problema que debe ser eliminado. Los argumentos son tan sencillos que hasta un político puede entenderlos. Los salarios son el precio que el empleador paga a sus colaboradores por el servicio laboral que estos prestan, por lo tanto están sujetos a los mismos principios que cualquier otro precio en la economía. En este caso están atados a la productividad de cada trabajador y las leyes de la oferta y la demanda.

El hecho de que el gobierno eleve el salario mínimo de 170 a 200 dólares no garantiza que todo el mundo reciba al menos esa cantidad sino, más bien, que todo aquel que no esté capacitado para producir por encima de 200 deje de ser aceptado por el empleador, es decir todo trabajador que no produce para la empresa al menos el valor del salario mínimo sería una perdida para el empresario y su empleo dejaría de tener sentido. Al final muchas personas quedarán sin empleo, los empresarios reducirá su producción y los ciudadanos en su conjunto verán reducido su bienestar.

Los defensores del concepto de salario mínimo suelen ver esta medida como uno de los pilares de la llamada "justicia social", que permite elevar el nivel de vida de aquellos trabajadores cuyos ingresos son más reducidos, y que, sin este tipo de medidas, estarían condenados a la pobreza. Estas personas hacen creer que en el Ecuador todas las personas se encuentran empleadas formalmente y que ellas están siendo explotadas, por lo tanto basta solo aumentar por decreto el salario para que por arte de magia los trabajadores estén mejor. Nada más alejado de la verdad y que denota el poco conocimiento que se tiene de la realidad económica del país. En el Ecuador los trabajadores formales no representan ni el 50% de la población, y no es verdad que estos sean explotados, su sueldos son el reflejo de una realidad muy dura, su productividad es muy baja y no existen suficientes empresas que den cabida al gran numero de ecuatorianos. Mucho de esto debido en gran medida a la acción gubernamental y de los sindicatos públicos y privados que de ningún modo defienden los intereses de los trabajadores sino los propios, poniendo fuertes barreras de entrada que perjudican a aquellos que no poseen empleo y que por estas circunstancias difícilmente lo encontrarán.

El acceso a un buen salario si bien es una situación deseable no se consigue a través de decretos o de imposiciones colectivistas, sino aumentando la demanda de trabajo y acrecentando el capital de las empresas para mejorar la productividad del trabajador. Ambas cosas solo se consiguen con mayor inversión sea esta local o extranjera, la misma que debemos atraer creando el ambiente de estabilidad y seguridad. No hacen faltas formulas milagrosas solo tenemos que observar que están haciendo los países que crecen: apertura comercial, reglas claras, seguridad jurídica que haga respetar la propiedad privada y los contratos, reducidos impuestos y eliminación de salarios mínimos, en fin mayor libertad.

* El autor es Investigador Asociado al IEEP.

LA CORRUPCIÓN EN EL ECUADOR

Dora de Ampuero

La honestidad y la verdad son valores reconocidos en una sociedad por considerarse moralmente superiores. En lo económico, se ha comprobado hasta la saciedad que los hombres pueden crear bienestar y abundancia sin dejar de ser buenos y virtuosos. La corrupción, al contrario, es un comportamiento que cambia la naturaleza de las cosas, la degrada, la vuelve mala. Hay una definición de corrupción que usa frecuentemente el Banco Mundial y vincula la corrupción con la existencia del sector público, con el abuso del poder. Esta concepción se expresa en la tan citada frase de Lord Acton según la cual el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si bien la corrupción se puede dar en todos los ámbitos de la acción humana porque muchas de nuestras decisiones individuales envuelven consideraciones de índole ética o moral, en este artículo se analizará lo relacionado a la corrupción en el sector público por las implicaciones que estas acciones corruptas tienen en el tejido institucional de un país y las consecuencias las sufren ciudadanos que no tomaron directamente la decisión pero resultan afectados por ellas.

El tipo de corrupción –a veces sutil, otras abierta y desvergonzada- que se genera en el sector público, producto de las maniobras políticas conlleva profundas consecuencias en el tejido institucional de un país, lo debilita en forma tal que sus ciudadanos desconfían de todo y de todos y reniegan de la ley que no les merece el menor respeto porque es violada constantemente por sus propios gobernantes. En ese sentido, según el reporte 2007 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de un total de 180 países y territorios, Haití, Venezuela y Ecuador son los países latinoamericanos que se consideran los más corruptos; sin embargo, las altas autoridades del gobierno ecuatoriano rechazaron el informe por considerarlo subjetivo y sesgado.

La debilidad de las instituciones y la corrupción

El análisis de la corrupción en el sector público en el Ecuador debe tomar en cuenta factores principalmente institucionales y económicos que afectan la libertad de los individuos que integran la sociedad ecuatoriana y que ha conducido a que los ciudadanos tengan poco respeto a sus instituciones y que usualmente ignoren la ley.

En las ultimas dos décadas el sistema institucional ecuatoriano ha venido debilitándose debido a la intervención del gobierno en las instituciones principales.

Para citar recientes ejemplos, tres presidentes electos han sido destituidos de sus cargos sin seguir el debido proceso estipulado en la Constitución. En todos estos casos, las fuerzas armadas han jugado un papel decisivo al retirar el apoyo al presidente defenestrado, con lo cual han intervenido para inclinar la balanza del poder. Según la Constitución del Ecuador, las fuerzas armadas deben ser neutrales y no deben intervenir en política.

El Congreso es una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia y representa el mandato de los ciudadanos a las fuerzas políticas.

Esta importante función del Estado ha venido gradualmente perdiendo prestigio, debido al juego de intereses personales o partidistas que han hecho caso omiso de las reformas políticas y económicas que ha demandado el país. Una porción considerable del tiempo de los congresistas se dedica a conseguir partidas presupuestarias para sus respectivas provincias o palanquear cargos públicos. La crisis de la función legislativa ha llegado al punto en que el presidente Correa ha anunciado que la próxima Asamblea Constituyente que se instalará en noviembre de este año, con plenos poderes, pedirá la disolución del Congreso. Y en las últimas elecciones para elegir asambleístas, la agrupación política que apoya al gobierno obtuvo una amplia mayoría, por tanto, se teme que podrían disolver el Congreso, a pesar de que la Constitución actualmente vigente no concede esta potestad a ninguna función del Estado.

Un caso insólito ocurrió recientemente en el Ecuador durante el proceso electoral para elegir representantes a la Asamblea Constituyente por parte del Tribunal Electoral. El Congreso resolvió sustituir al Presidente del Tribunal Electoral argumentando mal manejo del proceso electoral. En represalia, dicho Tribunal destituyó a 52 congresistas, elegidos por voluntad popular, acusándolos de interferir en el proceso electoral, según su interpretación de la Ley Electoral. La mayoría de los miembros del Tribunal son adictos al gobierno; los congresistas destituidos conformaban el bloque de oposición al gobierno. En forma clara, el suceso descrito es un caso de corrupción ya que un organismo, como el Tribunal Electoral, tiene menor jerarquía que los miembros del Congreso elegidos por voluntad ciudadana. Siguiendo procedimientos dudosos, el Congreso con el apoyo del Ejecutivo principalizó rápidamente a los diputados suplentes.

El sistema jurídico es la columna vertebral del Estado de Derecho que debe proteger las libertades individuales y la propiedad privada y velar por la aplicación de la ley sin privilegios para determinados individuos o grupos de interés. Lamentablemente, en el Ecuador el sistema judicial ha sido el botín preferido de los partidos políticos que se han repartido las Cortes de Justicia en función de su peso parlamentario. El gobierno por su parte también tiene participación directa o indirectamente en el nombramiento de los jueces. La administración de justicia es manipulada por los grupos de interés y por aquellos que pueden comprar jueces. En el último quinquenio el Congreso, con la colaboración del Ejecutivo, ha cambiado en dos ocasiones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siempre siguiendo el sistema de reparto a favor de los partidos políticos más votados. Muchas de estas violaciones en el orden jurídico se han realizado ignorando las normas constitucionales. El sistema judicial es el pariente pobre a la hora de la elaboración del presupuesto del Estado, se le asignan fondos muy limitados que impiden que mejore la eficiencia del sistema.

En el día mundial contra la corrupción, Transparencia Internacional difundió el reporte “Barómetro de la Corrupción”. Según este informe, en todo el mundo el público percibe a los partidos políticos como las instituciones más afectadas por la corrupción. América Latina recibió la peor calificación, siendo Ecuador el país de la región donde la gente percibe mayores niveles de corrupción. El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. A diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción, que está basado fundamentalmente en percepciones del sector privado, el Barómetro se centra en las experiencias y actitudes del hombre común.

Conclusiones

Los resultados de los estudios sobre la naturaleza de la corrupción y su efecto negativo en la economía demuestran que la corrupción se encuentra íntimamente relacionada con la intervención del gobierno no solo en la economía sino también en sus aspectos éticos y morales. Por ejemplo, en el Ecuador una de las mayores fuentes de corrupción reside en las aduanas donde algunas empresas privadas ofrecen coimas a los funcionarios aduaneros para pagar menos aranceles en la mercadería importada. De igual manera, el contrabando de mercadería y combustible en las fronteras con Colombia y el Ecuador es uno de los negocios ilícitos más remunerados. Y finalmente, es de conocimiento público que los monopolios del Estado, además de ineficientes, son la mayor fuente de corrupción porque están influenciados y manipulados por la clase política.

El análisis ético de las instituciones que conforman la sociedad, descansa en un principio de racionalidad del ser humano por satisfacer sus deseos, preferencias y necesidades. Los estudios que relacionan la libertad con el desarrollo económico, concluyen que la corrupción resultante de la intervención del gobierno genera más pobreza en los países con economías poco libres, por lo tanto, la única manera de disminuir la corrupción es ampliar el ámbito de la acción individual. El hombre en libertad, llevado por su propio interés, por su racionalidad y su naturaleza, tendrá mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades en un marco de decisiones ético y moral. Como dijo Santo Tomás de Aquino, “He aquí el grado supremo de la dignidad de los hombres: que por sí mismos, no por otros, se dirijan hacia el bien.”[1]

---

[1] Citado por Francisco Pérez de Antón en Ética de la Libertad, San José (Costa Rica), Libro Libre, 1991.

* La autora es Directora Ejecutiva del IEEP. Artículo originalmente publicado en "Camino de Libertad", Revista Digital de Política Latinoamericana. Fundación Friedrich A. von Hayek. Noviembre de 2007