ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Enrique Ampuero Pareja*

El 3 de Diciembre de 2007, a cuatro años que expire el Protocolo de Kioto, unos 160 representantes de todo el mundo se reunieron en la Isla Balí de Indonesia para celebrar la 13ava Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la esperanza de elaborar una hoja de ruta para un acuerdo futuro a fin de poner límites a las emisiones de gas invernadero. Este acuerdo se podría firmar el 2009 y prepararía las bases definitivas para la renovación del tratado firmado en Kioto en 1991. Las regulaciones que contenga un tratado de tal naturaleza, aparte de que incrementa el poder del gobierno y consume ingentes recursos, haría daño a los pobres, obstaculizando su adaptabilidad al cambio climático, mientras se haría muy poco por prevenirlo. La ciencia que sustenta el cambio climático contiene substanciales desacuerdos sobre el rol de la humanidad y su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, poderosos grupos de interés han gastado centenares de millones de dólares tratando de convencernos que sin una urgente reducción en las emisiones de gases invernadero, el clima sería insoportablemente caluroso, sin control, con desastrosos efectos. Como resultado de estas aseveraciones se ejerce presión en los políticos para que actúen formulando políticas regulatorias y destinando inmensos recursos financieros. (Kendra Okonsky. The Economic Times. 4 de diciembre de 2007)

Uno de los problemas que contribuyen a alimentar la corriente alarmista sobre el clima, es el sesgo que dan algunas instituciones que asesoran a los gobiernos de los países desarrollados en base a supuestos estudios y opiniones de científicos. Estas regulaciones han sido justificadas por un alarmismo concerniente al impacto que podría tener en el clima altos niveles de concentraciones de gas invernadero y el fuerte impacto de la especie humana en el planeta. Durante 2006 y 2007 el clima de alarmismo aumentó dramáticamente con la diseminación del informe Stern del gobierno Británico seguido por la entrega de la cuarta evaluación del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático y por la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas en Bali, Indonesia.

Parte del problema es que dichas opiniones no toma en cuenta en forma adecuada el rol que la adaptación jugaría en el enfoque del cambio climático. No hay evidencia, en términos globales, que el clima ha causado incrementos en la mortalidad a causa de las enfermedades, sequías o desastres naturales. Por el contrario, en el siglo pasado la humanidad ha desarrollado nuevas tecnologías que han permitido la adaptación, mejorando la vida de billones de personas.

Desde 1900, la producción de alimentos y otros productos agrícolas ha superado el crecimiento de la población, y la incidencia de enfermedades infecciosas se ha reducido substancialmente. Como resultado las expectativas de vida y, en promedio, casi se ha doblado de menos 40 a cerca de 67 años. Mientras tanto, el número de gente muerta en desastres naturales ha declinado exponencialmente desde que se tienen buenos registros a partir de mediados del siglo 20.

Sin embargo, no debemos ser optimistas. Alrededor del mundo, millones de niños mueren cada año de enfermedades como el cólera, malaria e infecciones respiratorias las cuales se pueden prevenir o curar. Esta gente son victimas de los gobiernos cuyas políticas obstaculizan la creación de riqueza y niegan a la gente el acceso a tecnologías básicas que van desde agua pura y disposición de aguas servidas hasta energía moderna y medicinas. Así como la riqueza aumenta y la tecnología es adoptada por la mayoría de la población, estas enfermedades se reducirán, cualquiera que sea el cambio de clima. Además, la creación de riqueza y el crecimiento económico es obstaculizada por los excesivos impuestos, subsidios y regulaciones que impiden que los empresarios satisfagan las demandas de la población.

Los intentos de reducir dramáticamente las emisiones de gas invernadero podrían ser contraproducentes, porque desviarían los recursos de tecnologías adaptativas y el crecimiento económico. Recientes declaraciones del Sr. Yvo De Boer, Secretario Ejecutivo de la convención de la ONU sobre cambio climático, señalan que “para reducir de forma drástica las emisiones y así prevenir las peores consecuencias del calentamiento global, la inversión debe aumentar por año hasta llegar a unos $200.000 millones en el 2030”. El sector privado debería aportar cuatro quintas partes de esta suma, señaló De Boer. Un tercio de la inversión señalada sería para desarrollar energías renovables y el almacenamiento de dióxido de carbono. La postura de De Boer, sin embargo chocó contra el escepticismo de otros grupos que denuncian que la reducción de emisiones es un modo ineficaz de luchar contra el cambio climático.

El cambio climático, como un problema de discusión, se ha movido más allá de los límites de la ciencia y el medio ambientalismo. Se ha convertido en la justificación de políticas que socavan las bases de una sociedad libre. Se proponen toda clase de regulaciones, se han contemplado desde restricciones en tecnologías del consumidor (por ejemplo, focos incandescentes), hasta esquemas grandiosos globales para limitar las emisiones de gases invernadero. El resultado será serias restricciones en las libertades personales.

* El Dr. Enrique Ampuero es Director de Programas del IEEP.

¿LOS TRABAJADORES SE BENEFICIAN DEL SALARIO MÍNIMO?

Roberto Villacreses León - IEEP

El Nobel de economía, profesor Gary S. Becker, el año pasado en uno de sus viajes por Europa hizo algunas propuestas muy sensatas, como reducir las excesivas regulaciones que dificultan el emprendimiento y son un freno a la creación de empleos, reducir los impuestos simplificando a la vez su tramitología de pago y una propuesta que suena extraña y excesiva para mucha gente, pero que es un planteamiento muy acertado y reflexivo: eliminar el salario mínimo.

Cabe explicar entonces porque pensamos, al igual que el profesor Becker, que el salario mínimo es un problema que debe ser eliminado. Los argumentos son tan sencillos que hasta un político puede entenderlos. Los salarios son el precio que el empleador paga a sus colaboradores por el servicio laboral que estos prestan, por lo tanto están sujetos a los mismos principios que cualquier otro precio en la economía. En este caso están atados a la productividad de cada trabajador y las leyes de la oferta y la demanda.

El hecho de que el gobierno eleve el salario mínimo de 170 a 200 dólares no garantiza que todo el mundo reciba al menos esa cantidad sino, más bien, que todo aquel que no esté capacitado para producir por encima de 200 deje de ser aceptado por el empleador, es decir todo trabajador que no produce para la empresa al menos el valor del salario mínimo sería una perdida para el empresario y su empleo dejaría de tener sentido. Al final muchas personas quedarán sin empleo, los empresarios reducirá su producción y los ciudadanos en su conjunto verán reducido su bienestar.

Los defensores del concepto de salario mínimo suelen ver esta medida como uno de los pilares de la llamada "justicia social", que permite elevar el nivel de vida de aquellos trabajadores cuyos ingresos son más reducidos, y que, sin este tipo de medidas, estarían condenados a la pobreza. Estas personas hacen creer que en el Ecuador todas las personas se encuentran empleadas formalmente y que ellas están siendo explotadas, por lo tanto basta solo aumentar por decreto el salario para que por arte de magia los trabajadores estén mejor. Nada más alejado de la verdad y que denota el poco conocimiento que se tiene de la realidad económica del país. En el Ecuador los trabajadores formales no representan ni el 50% de la población, y no es verdad que estos sean explotados, su sueldos son el reflejo de una realidad muy dura, su productividad es muy baja y no existen suficientes empresas que den cabida al gran numero de ecuatorianos. Mucho de esto debido en gran medida a la acción gubernamental y de los sindicatos públicos y privados que de ningún modo defienden los intereses de los trabajadores sino los propios, poniendo fuertes barreras de entrada que perjudican a aquellos que no poseen empleo y que por estas circunstancias difícilmente lo encontrarán.

El acceso a un buen salario si bien es una situación deseable no se consigue a través de decretos o de imposiciones colectivistas, sino aumentando la demanda de trabajo y acrecentando el capital de las empresas para mejorar la productividad del trabajador. Ambas cosas solo se consiguen con mayor inversión sea esta local o extranjera, la misma que debemos atraer creando el ambiente de estabilidad y seguridad. No hacen faltas formulas milagrosas solo tenemos que observar que están haciendo los países que crecen: apertura comercial, reglas claras, seguridad jurídica que haga respetar la propiedad privada y los contratos, reducidos impuestos y eliminación de salarios mínimos, en fin mayor libertad.

* El autor es Investigador Asociado al IEEP.

LA CORRUPCIÓN EN EL ECUADOR

Dora de Ampuero

La honestidad y la verdad son valores reconocidos en una sociedad por considerarse moralmente superiores. En lo económico, se ha comprobado hasta la saciedad que los hombres pueden crear bienestar y abundancia sin dejar de ser buenos y virtuosos. La corrupción, al contrario, es un comportamiento que cambia la naturaleza de las cosas, la degrada, la vuelve mala. Hay una definición de corrupción que usa frecuentemente el Banco Mundial y vincula la corrupción con la existencia del sector público, con el abuso del poder. Esta concepción se expresa en la tan citada frase de Lord Acton según la cual el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si bien la corrupción se puede dar en todos los ámbitos de la acción humana porque muchas de nuestras decisiones individuales envuelven consideraciones de índole ética o moral, en este artículo se analizará lo relacionado a la corrupción en el sector público por las implicaciones que estas acciones corruptas tienen en el tejido institucional de un país y las consecuencias las sufren ciudadanos que no tomaron directamente la decisión pero resultan afectados por ellas.

El tipo de corrupción –a veces sutil, otras abierta y desvergonzada- que se genera en el sector público, producto de las maniobras políticas conlleva profundas consecuencias en el tejido institucional de un país, lo debilita en forma tal que sus ciudadanos desconfían de todo y de todos y reniegan de la ley que no les merece el menor respeto porque es violada constantemente por sus propios gobernantes. En ese sentido, según el reporte 2007 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de un total de 180 países y territorios, Haití, Venezuela y Ecuador son los países latinoamericanos que se consideran los más corruptos; sin embargo, las altas autoridades del gobierno ecuatoriano rechazaron el informe por considerarlo subjetivo y sesgado.

La debilidad de las instituciones y la corrupción

El análisis de la corrupción en el sector público en el Ecuador debe tomar en cuenta factores principalmente institucionales y económicos que afectan la libertad de los individuos que integran la sociedad ecuatoriana y que ha conducido a que los ciudadanos tengan poco respeto a sus instituciones y que usualmente ignoren la ley.

En las ultimas dos décadas el sistema institucional ecuatoriano ha venido debilitándose debido a la intervención del gobierno en las instituciones principales.

Para citar recientes ejemplos, tres presidentes electos han sido destituidos de sus cargos sin seguir el debido proceso estipulado en la Constitución. En todos estos casos, las fuerzas armadas han jugado un papel decisivo al retirar el apoyo al presidente defenestrado, con lo cual han intervenido para inclinar la balanza del poder. Según la Constitución del Ecuador, las fuerzas armadas deben ser neutrales y no deben intervenir en política.

El Congreso es una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia y representa el mandato de los ciudadanos a las fuerzas políticas.

Esta importante función del Estado ha venido gradualmente perdiendo prestigio, debido al juego de intereses personales o partidistas que han hecho caso omiso de las reformas políticas y económicas que ha demandado el país. Una porción considerable del tiempo de los congresistas se dedica a conseguir partidas presupuestarias para sus respectivas provincias o palanquear cargos públicos. La crisis de la función legislativa ha llegado al punto en que el presidente Correa ha anunciado que la próxima Asamblea Constituyente que se instalará en noviembre de este año, con plenos poderes, pedirá la disolución del Congreso. Y en las últimas elecciones para elegir asambleístas, la agrupación política que apoya al gobierno obtuvo una amplia mayoría, por tanto, se teme que podrían disolver el Congreso, a pesar de que la Constitución actualmente vigente no concede esta potestad a ninguna función del Estado.

Un caso insólito ocurrió recientemente en el Ecuador durante el proceso electoral para elegir representantes a la Asamblea Constituyente por parte del Tribunal Electoral. El Congreso resolvió sustituir al Presidente del Tribunal Electoral argumentando mal manejo del proceso electoral. En represalia, dicho Tribunal destituyó a 52 congresistas, elegidos por voluntad popular, acusándolos de interferir en el proceso electoral, según su interpretación de la Ley Electoral. La mayoría de los miembros del Tribunal son adictos al gobierno; los congresistas destituidos conformaban el bloque de oposición al gobierno. En forma clara, el suceso descrito es un caso de corrupción ya que un organismo, como el Tribunal Electoral, tiene menor jerarquía que los miembros del Congreso elegidos por voluntad ciudadana. Siguiendo procedimientos dudosos, el Congreso con el apoyo del Ejecutivo principalizó rápidamente a los diputados suplentes.

El sistema jurídico es la columna vertebral del Estado de Derecho que debe proteger las libertades individuales y la propiedad privada y velar por la aplicación de la ley sin privilegios para determinados individuos o grupos de interés. Lamentablemente, en el Ecuador el sistema judicial ha sido el botín preferido de los partidos políticos que se han repartido las Cortes de Justicia en función de su peso parlamentario. El gobierno por su parte también tiene participación directa o indirectamente en el nombramiento de los jueces. La administración de justicia es manipulada por los grupos de interés y por aquellos que pueden comprar jueces. En el último quinquenio el Congreso, con la colaboración del Ejecutivo, ha cambiado en dos ocasiones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siempre siguiendo el sistema de reparto a favor de los partidos políticos más votados. Muchas de estas violaciones en el orden jurídico se han realizado ignorando las normas constitucionales. El sistema judicial es el pariente pobre a la hora de la elaboración del presupuesto del Estado, se le asignan fondos muy limitados que impiden que mejore la eficiencia del sistema.

En el día mundial contra la corrupción, Transparencia Internacional difundió el reporte “Barómetro de la Corrupción”. Según este informe, en todo el mundo el público percibe a los partidos políticos como las instituciones más afectadas por la corrupción. América Latina recibió la peor calificación, siendo Ecuador el país de la región donde la gente percibe mayores niveles de corrupción. El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. A diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción, que está basado fundamentalmente en percepciones del sector privado, el Barómetro se centra en las experiencias y actitudes del hombre común.

Conclusiones

Los resultados de los estudios sobre la naturaleza de la corrupción y su efecto negativo en la economía demuestran que la corrupción se encuentra íntimamente relacionada con la intervención del gobierno no solo en la economía sino también en sus aspectos éticos y morales. Por ejemplo, en el Ecuador una de las mayores fuentes de corrupción reside en las aduanas donde algunas empresas privadas ofrecen coimas a los funcionarios aduaneros para pagar menos aranceles en la mercadería importada. De igual manera, el contrabando de mercadería y combustible en las fronteras con Colombia y el Ecuador es uno de los negocios ilícitos más remunerados. Y finalmente, es de conocimiento público que los monopolios del Estado, además de ineficientes, son la mayor fuente de corrupción porque están influenciados y manipulados por la clase política.

El análisis ético de las instituciones que conforman la sociedad, descansa en un principio de racionalidad del ser humano por satisfacer sus deseos, preferencias y necesidades. Los estudios que relacionan la libertad con el desarrollo económico, concluyen que la corrupción resultante de la intervención del gobierno genera más pobreza en los países con economías poco libres, por lo tanto, la única manera de disminuir la corrupción es ampliar el ámbito de la acción individual. El hombre en libertad, llevado por su propio interés, por su racionalidad y su naturaleza, tendrá mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades en un marco de decisiones ético y moral. Como dijo Santo Tomás de Aquino, “He aquí el grado supremo de la dignidad de los hombres: que por sí mismos, no por otros, se dirijan hacia el bien.”[1]

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[1] Citado por Francisco Pérez de Antón en Ética de la Libertad, San José (Costa Rica), Libro Libre, 1991.

* La autora es Directora Ejecutiva del IEEP. Artículo originalmente publicado en "Camino de Libertad", Revista Digital de Política Latinoamericana. Fundación Friedrich A. von Hayek. Noviembre de 2007