Roberto Villacreses León*
Cuando leí los artículos propuestos por la mayoría de la mesa 6 sobre la propiedad y la función “social” que debe cumplir, vino a mi mente la similitud de nuestro proceso constituyente con lo acontecido hace algunos meses en Bolivia. Ellos están avanzados en este tema y el gobierno del Presidente Evo Morales ya habla de eliminación del capitalismo –léase economía de mercado-, y según su ideología a dado pasos firmes en la nacionalización de parte de la economía. "Hemos empezado con hidrocarburos, el próximo paso son los minerales, habrá sorpresas con el estaño, la plata y el oro, esos minerales tienen que pasar al Estado bajo el control social del pueblo boliviano”, según dijo su mandatario en una entrevista.En el caso de Ecuador, el texto propuesto por la mayoría gobiernista garantiza la propiedad siempre y cuando cumpla una función “social” y ambiental, y se consolidaría en una herramienta vital para la eliminación de la propiedad privada –característica del sistema de mercado- para dar paso al proyecto de nacionalización y socialización de la economía.
En el texto propuesto por PAIS se reconoce 7 tipos de propiedad: La comunitaria, estatal, social, cooperativista, mixta, pública y privada. Algunos son términos muy ambiguos de reconocer la propiedad –la comunitaria y cooperativista son propiedad privada, la social no esta definida-, lo que deja la puerta abierta para irrespetarla, transgrediendo así los derechos individuales y poniéndolos al servicio de la tiranía de las mayorías. La Constitución debe ser el conjunto de normas que faciliten el convivir, donde se respete y garantice la propiedad bien habida, pues la ambigüedad en su definición generaría incertidumbre y provocaría conflictos futuros.
El texto además consolida las expropiaciones a discrecionalidad de los gobernantes de turno. El artículo propuesto dice: “Para fines de bienestar colectivo e interés social, las instituciones del Estado puede declarar de utilidad pública y expropiar los bienes que pertenezcan al sector privado y los particulares, previa justa valoración”. Este artículo serviría también como forma de retaliación política.
Bajo este escenario existe un peligro latente para la propiedad privada y ya algunos expertos han aclarado la importancia de garantizarla incondicionalmente, pues de eso depende el progreso y bienestar de la sociedad, yo en cambio en este artículo quiero poner énfasis en los peligros futuros que conlleva tener una propiedad socializada o que esté a la discrecionalidad de alguna autoridad iluminada. Para ello quiero evocar un ensayo escrito por Garret Hardin llamado “La Tragedia de los Comunes”.
La idea esencial de esta metáfora de Hardin consiste en que los recursos poseídos comunalmente –y yo añadiría además los poseídos estatalmente-, como los océanos, los ríos, el aire, los parques nacionales, las empresas públicas, etc., están sujetos a una degradación masiva. Hardin pone un sencillo ejemplo para reforzar su posición. Imagine un pastizal compartido por todos los pastores de una comunidad, donde ellos en forma igualitaria asumen el costo de su mantenimiento. En este caso se espera que cada uno lleve la cantidad de ovejas que sean posibles de tal forma que no se sobrepase la capacidad y todos se beneficien del campo, pero este tipo de acuerdos funciona por un tiempo. El problema surge cuando un pastor decide –dada la naturaleza humana- consciente o inconscientemente llevar ovejas adicionales al pastizal, pues sabe que ello no constituirá riesgo de sobreexplotación y el beneficio adicional que obtendrá lo asumirá el resto de la comunidad, pero como todos piensan igual por el mismo interés de maximizar los beneficios, se termina generando una tragedia. Es decir este sistema comunal impulsa al hombre a incrementar su ganado ilimitadamente, en un campo con recursos limitados. Podemos resumir este hecho con una frase “lo que es de todos al final no es de nadie”.
Lo mismo sucede con las empresas de propiedad estatal, donde los criterios de administración son contrarios al de una empresa privada. Los administradores privados tratan de minimizar los costos de producción para mejorar sus utilidades, en cambio las empresas públicas dado que están expuestas al control político –por lo tanto a incentivos diferentes-, tratan de maximizar los costos o los presupuestos anuales. Por otro lado en las privadas al manejar recursos propios tratan de emplear eficientemente cada centavo, en cambio en las públicas al manejar recursos de terceros no están motivados a emplearlos correctamente, y al contrario muchas veces los administradores están tentados a negociar compras improductivas a altos precios para beneficiar a empresas familiares, de amigos o de toda aquella que los hagan participes de las ganancias.
Las propiedades comunitarias, estatales, sociales, cooperativistas y públicas serán reconocidas, respaldadas y promovidas por el régimen, en tanto que la privada esta en peligro. Las primeras como explicó Hardin están sujetas a la degradación y su administración –dado los incentivos perversos que las acompañan- tiende a volverse ineficiente, la última promueve el uso correcto de los recursos, bienestar y disminución pobreza. ¿A cuál usted respaldaría con su voto en el referéndum aprobatorio?.
* El autor es Investigador Asociado al IEEP y conductor del Programa Radial Contrapunto Liberal.
